Mas convoca a los partidos para hacer un frente común en defensa de la lengua propia
"La lengua no es negociable y lucharé hasta las últimas consecuencias"
Millo admite que el PP catalán no fue consultado y que podría enmendar la ley
Jordi Barbeta
La Vanguardia
En plena crisis económica, con cinco millones de parados y sin perspectivas de mejora, el Gobierno español ha decidido abrir otro conflicto con Catalunya, situar el choque de trenes en la escuela y por un asunto tan delicado como la lengua, y ha conseguido una convulsión política de consecuencias hoy por hoy imprevisibles pero inexorablemente graves. El proyecto de reforma educativa presentado por el ministro José Ignacio Wert, que, según el Gobierno de la Generalitat, relega la lengua propia de Catalunya por debajo del castellano y de las lenguas extranjeras, va camino de convertirse en un irreversible choque de legitimidades democráticas. El Gobierno de la Generalitat ya ha advertido que no piensa aplicar una ley que, a su juicio, vulnera el Estatut y la legislación catalana, amenaza la convivencia y pretende imponer el apartheid de los alumnos en función de la lengua. La insumisión tendrá en esta ocasión el respaldo de 107 de los 135 diputados electos en los comicios del 25-N.
El Gobierno catalán denunció ayer lo que considera una auténtica "ofensiva política" del Gobierno español contra la lengua catalana que "no tiene precedentes democráticos". El portavoz, Francesc Homs, advirtió: "No ahorraremos energías, ni esfuerzos, ni potencia institucional para hacer frente a la ofensiva del Gobierno del PP y defenderemos los derechos lingüísticos de los ciudadanos de nuestro país amparados en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y en el artículo 3 de la misma Constitución española". Simultáneamente, todas las fuerzas políticas que apoyaron la ley de Educación de Catalunya -CiU, PSC y Esquerra Republicana- y también Iniciativa per Catalunya se pronunciaron a favor de un "frente común" catalán contra la iniciativa del Gobierno español. Como en los casos de emergencia nacional, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se comunicó con los líderes de estos partidos, Pere Navarro, Oriol Junqueras y Joan Herrera, y con el Consell Escolar de Catalunya y los convocó a una reunión de máximo nivel para "dar la respuesta institucional que corresponde a la ofensiva del Gobierno español".
Una encuesta en LaVanguardia.com registraba un 80% de respuestas contra la aplicación de la ley Wert. En las redes sociales Twitter y Facebook se pusieron a hervir con los pronunciamientos contra el ministro que se declaró partidario de "españolizar a los alumnos catalanes".
La propuesta gubernamental tiene una dimensión política evidente. El borrador presentado el lunes era distinto que el anteriormente presentado a las comunidades autónomas y al Consejo de Estado. El endurecimiento del tratamiento lingüístico provocó incluso el desacuerdo de los consejeros de Educación de Valencia y de Baleares, donde gobierna el PP, y, por supuesto, del País Vasco. El momento elegido no es casual. En Catalunya el Gobierno de la Generalitat está en funciones y Convergència i Unió todavía está lamiéndose las heridas del retroceso electoral sufrido el 25 de noviembre. En Euskadi, los socialistas están a punto de abandonar el Gobierno de Vitoria y el nuevo Ejecutivo que liderará Iñigo Urkullu todavía está pendiente de la investidura del próximo lehendakari. Además, ayer era el día que se conocían las nuevas cifras de desempleo: 74.296 parados más y 250.000 bajas en la seguridad social.
La idea de que Mariano Rajoy había ordenado a sus barones rebajar la crispación con CiU y propiciar la recuperación de las relaciones institucionales con la Generalitat se desmoronó ayer de golpe y la tesis atribuida a Josep Antoni Duran Lleida de que habría que rehacer los puentes de diálogo con el PP y con el Gobierno español fue inmediatamente desmentida verbalmente y con los hechos. La consellera de Ensenyament, Irene Rigau, plantó al ministro en plena reunión con el resto de los consejeros autonómicos para presentarles el proyecto. Las consejeras de gobiernos del PSOE, es decir, la andaluza, la vasca y la asturiana, que también rechazaron de plano la propuesta del ministro, recibieron la orden de la dirección del partido de no levantarse en ningún caso de la reunión ni hacer frente común con Catalunya.
En la reunión del comité ejecutivo de Convergència se decidió revisar los pactos con el PP que todavía funcionan en la Diputación de Barcelona y en varios municipios. La ofensiva del Gobierno español y la previsible articulación de una mayoría soberanista en el Parlament de Catalunya cuya prioridad será la convocatoria de un referéndum de autodeterminación hace prever que el denominado choque de trenes no ha hecho más que empezar.
La consellera de Ensenyament declaró que "la lengua no es negociable" y añadió: "No me veo como miembro de un Govern aplicando esta ley, estoy en funciones, pero si me lo piden lucharé hasta las últimas consecuencias. Es tan ofensivo que estoy convencida de que su no aplicación tendrá un apoyo unánime".
El ministro declaró que "es rotundamente falso que exista un ataque contra la escuela catalana". En la misma línea, el portavoz del PP catalán, Enric Millo, llamó a la consellera "incendiaria" y la acusó de "mentir". En su opinión, Rigau tiene "la voluntad de crear un conflicto que no existe, porque el texto es un borrador que no dice las cosas que dice la consellera". Millo admitió que el Gobierno español no ha consultado con el PPC los contenidos del borrador y expresó su disposición a "presentar enmiendas -en las Cortes Generales- si es que es necesario hacerlas".
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