La liquidación de la deuda, que podría hacerse a plazos, se incluirá en el presupuesto del 2012 | El Gobierno elogia el esfuerzo de Catalunya contra el déficit
Josep Gisbert Barcelona
Carmen del Riego Madrid
El Gobierno pagará a la Generalitat los 759 millones de euros de la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut del ejercicio del 2008, pero no lo hará hasta después de las elecciones andaluzas, convocadas para el 25 marzo. Este es el calendario con el que trabajan los dirigentes de CiU después de las diversas conversaciones que han mantenido los últimos días con los del PP.
La idea es que los presupuestos generales del Estado para el 2012 –los primeros de Mariano Rajoy– incluyan la deuda pendiente con Catalunya y el mecanismo para hacerla efectiva, según avanzó ayer Enric Millo, portavoz del PP en el Parlament, en declaraciones a Catalunya Informació. Pero el Gobierno español no tiene intención de presentar los números hasta finales de marzo o primeros de abril, por lo que habrá que esperar que Andalucía haya votado y, de paso, se ahorrará un conflicto electoral. Un condicionante que Josep Antoni Duran Lleida, uno de los negociadores de la parte catalana, tiene muy claro. "Hoy por hoy no hay resultados sobre esta deuda, pero eso no quiere decir que no haya conversaciones y que no pueda haber resultados positivos", escribe cauteloso en la carta web que dirige a la militancia de UDC, en la que advierte sin ninguna duda: "Que nadie espere resultados positivos antes del 25 de marzo, no porque sea la fecha de la clausura del congreso de CDC –bromea–, sino porque es el día que los andaluces acudirán a las urnas". "Y no creo que haya que explicar nada más", recalca en alusión a que el PP no quiere comprometerse públicamente a nada que pudiera hacer peligrar el triunfo que las encuestas le otorgan también en Andalucía.
El secretario general de CiU, como presidente de la parte catalana de la comisión bilateral Generalitat-Estado, mantiene un diálogo casi permanente con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que califica de "fluido y positivo" y que "ha propiciado un diálogo efectivo entre el ministro Cristóbal Montoro y el conseller Andreu Mas-Colell". El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el conseller de Economia hablaron del pago de los 759 millones en su reunión del martes, pero sin aclarar cómo se concretaría en los presupuestos del Estado del 2012. Parece que podría hacerse a plazos en un periodo por determinar. Sea como fuere, está previsto que las cuentas incluyan la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut correspondiente al ejercicio del 2009, que la Generalitat ha cifrado en 219 millones y ha incorporado a su proyecto de presupuesto de este año.
Y a la espera de poder concretar oficialmente los pagos, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dejó claro tras la reunión del Consejo de Ministros que la negociación para el pago de las liquidaciones de la disposición adicional tercera se llevará a cabo de forma bilateral, comenzando por la reunión que celebrarán el 1 de febrero en la Moncloa Mariano Rajoy y Artur Mas. No obstante, Santamaría insistió en el compromiso de las comunidades autónomas con el cumplimiento de los objetivos de déficit para que el Gobierno central les eche una mano en busca de mecanismos que les permitan obtener mayor liquidez. Y es ahí donde la vicepresidenta destacó el trabajo del Govern de Mas: "Catalunya está haciendo un gran esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos impuesto". De momento, los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera supondrán para Catalunya el adelanto de 545 millones de la liquidación del sistema de financiación.
El Gobierno de Rajoy considera que puede adoptar estas medidas por la buena recepción que tuvo el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, por el que las comunidades también se obligan con el objetivo de déficit. Paralelamente, el Gobierno fomentará la racionalización de la estructura administrativa del Estado y un pacto de austeridad con las autonomías para evitar duplicidades entre administraciones. Además, se planteará la fijación de las competencias indelegables del Estado, que permitan legislaciones coherentes, según avanzó la vicepresidenta.
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