El ‘escándalo’ que quiere tapar Cospedal

 Asier Martiarena

Varios medios de comunicación, entre los que se encuentra El Día de Castilla-La Mancha, han recibido en las últimas semanas sendas cartas de los abogados de María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, por la que exigen la rectificación de un texto que relaciona a ambos en una supuesta "red de intereses" que habría influido sobre la Ley de Costas. Unos datos que destaparían otro asunto noticiable de la secretaria general del PP.


La información se basa en un informe de Greenpeace que destaca la coincidencia en los caminos profesionales del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y del marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -ambos han tenido cargos de responsabilidad en la empresa inmobiliaria Bami Newco-.

Así, siempre según destaca la denuncia de Greenpeace, un grupo de constructores cercanos al PP se beneficiarían de la nueva Ley de Costas, impulsada por Miguel Arias Cañete. Bautista Soler, promotor de diez edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia), se podría beneficiar de una disposición que permitirá privatizar terrenos situados detrás de un paseo marítimo. Bautista Soler, socio y amigo de otros empresarios del sector, como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, o Joaquín Rivero, han estado relacionados con Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco.

El proyecto de ley propone una revisión de los terrenos costeros públicos que, para Greenpeace, cae en toda una serie de ilegalidades, además de que "no contiene ni un solo artículo para la protección de la ribera del mar ni para asegurar su integridad física frente a inundaciones o la subida del nivel del mar por el cambio climático". Pero además, dice, "reduce de forma muy significativa el dominio público marítimo terrestre", y es "más permisiva" con los "usos de la costa como espacio económico".

Por todo lo expuesto, Greenpeace pide al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley y que cualquier modificación de la Ley de Costas de 1988 cumpla escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y con la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas.