Europa pide a España flexibilidad para Catalunya mientras el Gobierno bloquea el plan de tasas catalán

El Parlamento Europeo reclama que las autonomías puedan obtener recursos propios pero el TC sigue suspendiendo, a instancias del Gobierno, nuevas formas de ingresos para la Generalitat

 

  Jaume Pi
Barcelona


El Parlamento Europeo pide a España que dé aire a las autonomías pero el Gobierno no parece estar por la labor. Los europarlamentarios han aprobado este miércoles un informe, con el apoyo de populares y socialistas, en el que reclaman a Mariano Rajoy que flexibilice los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, tal y como hizo la UE dando más margen al propio Gobierno español. El Parlamento europeo pide además, que permita a las autonomías españolas obtener ingresos propios para que el Estado no sea su única fuente de financiación.

No obstante, la estrategia de Madrid es diametralmente la opuesta: Hacienda sigue inflexible a la hora de fijar el déficit autonómico pese a la enérgica oposición de Catalunya o Andalucía y al más tímido rechazo de las comunidades gobernadas por el PP. Además, el Gobierno ha ido recurriendo por sistema al Tribunal Constitucional las nuevas tasas e impuestos que ha ido aprobando la Generalitat los últimos meses. El Alto Tribunal ha admitido a trámite los recursos, con lo que se suspenden cautelarmente estos impuestos y el Govern no tiene más remedio que ir descartando ingresos que daba por descontados. Ha sido el caso, en las últimas horas, del euro por receta, las tasas judiciales y el impuesto sobre depósitos bancarios. Ello supone que quedan en el aire 1.000 millones que la Generalitat preveía ingresar. La consecuencia final es la asfixia de las arcas de la Generalitat y el riesgo de que no se efectúen pagos básicos en la administración catalana. "Ellos no te dan alternativa; van a saco", se ha quejado el president Artur Mas este mismo miércoles.

La resolución -no vinculante- del Europarlamento critica precisamente que España sólo permita a las autonomías financiarse a través de una única vía centralizada, como es el caso de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y accede a pedir que se flexibilice el objetivos de déficit de las comunidades una semana después de que el Govern iniciara contactos con la CE para que Europa convenciera a Rajoy. Mas-Colell quiere que Hacienda reduzca del 1,5% al 0,7% el objetivo y cifró en 1.600 millones lo que supondría esta inyección de aire.

El informe sobre finanzas públicas en la unión económica y monetaria, aprobado por populares, socialistas, liberales y verdes (y con los votos de PP y PSOE) en el la Eurocámara, da la razón al conseller Mas-Colell y defiende que la carga del ajuste debe repartirse de forma justa entre todas las administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan. El informe advierte que cuando una región se financia sólo con transferencias del gobierno estatal es más difícil que pueda sanear sus cuentas ajustando el gasto a los ingresos. La Eurocámara llega a reclamar también la supresión de los ministerios que han transferido sus competencias pero que "aún existen sin poder ni tarea concreta".

Recursos continuos al TC

Por otro lado, el Gobierno sigue vetando al Govern toda posibilidad de obtener recursos propios vía ingresos. El pasado diciembre la vicepresidenta anunció que el ejecutivo recurriría al TC dos tasas aprobadas por el anterior Govern de CiU, el euro por receta y las tasas judiciales. El Gobierno argumentaba que ambos gravámenes atentaban contra "la igualdad" de los españoles. En el caso del también llamado tíquet moderador, el Ejecutivo consideraba que se vulneraban las competencias del Estado en materia de coordinación general de la sanidad y de fijación de los precios farmacéuticos.

Finalmente, el Constitucional decidió este martes admitir a trámite el recurso sobre el euro por receta y este miércoles ha hecho lo propio en el caso de las tasas judiciales. En ambos casos, se suspende cautelarmente la norma y la Generalitat ya no puede seguir ingresando por estos tributos. La Generalitat preveía una recaudación de unos 200 millones en el caso del euro por receta (hasta el momento había ingresado 45,7 millones) y de unos 140 en el caso de las tasa judiciales catalanas. Las farmacias ya han dejado hoy mismo de pedir al usuario el polémico euro por cada receta tras la notificación oficial del TC a la administración catalana.

Pero los recursos del Gobierno también han afectado los nuevos impuestos que han pactado CiU y ERC en el acuerdo formal de esta legislatura. El primero, el que afectaba a los depósitos bancarios y que el Govern todavía en funciones se apresuró a aprobar el pasado diciembre a través decreto para adelantarse al impuesto fijado a tipo cero que esperaba dar luz verde el Gobierno central para evitar así que lo cobraran las autonomías. Una vez más, el Ejecutivo presidido por Rajoy recurrió al TC al entender que un gobierno en funciones no puede crear nuevos impuestos y que es el Estado es quien tiene la competencia en esta materia.

Este miércoles, se ha repetido la operación y el Alto Tribunal ha admitido a trámite, con lo que Catalunya tampoco podrá recaudar los entre 400 y 600 euros que había previsto por este impuesto. Ello supondrá un nuevo dolor de cabeza para el conseller Mas-Colell que no podrá incluir este ingreso en los presupuestos de la Generalitat para 2013 y deberá hallar nuevas fórmulas para reducir el déficit. Su gran esperanza es que Hacienda recapacite y dé más márgen a las autonomías.

Espadas en alto

Por todo ello, la Generalitat mantiene su tono crítico con la política del Gobierno central y el presidente Mas denuncia que el objetivo del Gobierno es que Catalunya sea más dependiende de la finaciación que concede Hacienda a través del FLA. El president asegura que se pone en cuestión la capacidad de la institución de la Generalitat en la medida en que "no puede obtener financiación y depende cada vez más del Estado español".

Habrá que ver si estos tira y afloja seguirán tras los avisos del Parlamento Europeo y teniendo en cuenta que el acuerdo entre CiU y ERC incluye la creación de nuevos impuestos con los que en total se esperaba una recaudación de 1.000 millones, un cálculo que habrá que modificar tras el fallo de hoy del TC. En este paquete de impuestos acordado entre nacionalistas y republicanos se encuentran el que gravaría las transmisiones patrimoniales, modificaciones en el Impuesto de Patrimonio o un tributo sobre la distribución y generación de energía nuclear, entre otros.

Todo ello en un contexto protagonizado por el debate soberanista en Catalunya y los pasos que está dando el Govern para la celebración de una consulta de autodeterminación de cara a 2014, circunstancia que no ayuda nada a limar asperezas entre ambos gobiernos.



Mas-Colell confía en que el Gobierno atienda la petición de la Eurocámara

El conseller de Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confía en que el Gobierno atienda la petición del Parlamento Europeo. En declaraciones a Efe, el conseller se ha mostrado satisfecho por el pronunciamiento de la Eurocámara y ha añadido que el Govern confía en que "el mensaje sea bien recibido por las autoridades españolas".

Por otro lado, el grupo del PSC ha solicitado la comparecencia en el Parlament del conseller para que explique los efectos que tendrá en las cuentas de la Generalitat la decisión del Tribunal Constitucional de suspender determinadas tasas.