Política | 11/02/2013 - 00:00h
Recuperación económica: plan anticrisis pactado el 16-M con patronales y sindicatos | Anticorrupción: el president defenderá en el Parlament las conclusiones de los supervisores | Consulta soberanista: constitución del Consell Català pel Dret a Decidir
Tras el arranque de la legislatura más incierta motivado por el retroceso electoral de Convergència i Unió, la necesidad de establecer un pacto de legislatura con Esquerra Republicana y los interrogantes que abre el proceso soberanista, seis semanas después de la toma de posesión del nuevo Govern el president de la Generalitat, Artur Mas, ha decidido lanzar una ofensiva política en los tres frentes que resumen las prioridades de la legislatura y que acaparan la atención de la ciudadanía: la recuperación económica, la lucha contra la corrupción y el ejercicio del derecho a decidir.
Que la recuperación económica es la máxima prioridad del president lo ha puesto de manifiesto la intervención directa de Artur Mas en el reciente acuerdo de Nissan. Ahora el president está concentrado en la preparación de la reunión de máximo nivel con patronales, sindicatos y grupos políticos prevista para el 16 de marzo y que marcará la política económica y presupuestaria del nuevo Govern.
La idea de esta reunión partió del líder socialista, Pere Navarro, y el president Mas la ha asumido como propia. Su intención es que los agentes sociales y políticos acuerden una hoja de ruta anticrisis que incluya medidas concretas para la reactivación, la austeridad y, sobre todo, contra el paro y específicamente contra el paro juvenil. En este sentido, primarán las medidas para potenciar la formación profesional ocupacional y la simplificación normativa que facilite la contratación de trabajadores y la apertura de nuevos negocios, en lo que se interpreta como una segunda fase del proceso de desburocratización de la Generalitat iniciado la pasada legislatura con las leyes ómnibus. Obviamente, todas las decisiones que se adopten en la reunión del 16 de marzo se incorporarán al proyecto de presupuestos que prepara el conseller Andreu Mas-Colell y que está pendiente de un dato fundamental: si se flexibiliza o no el objetivo de déficit. Mas y Mas-Colell están moviendo Roma con Santiago realizando gestiones no sólo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino también con la Comisión Europea para lograr una relajación del objetivo de déficit que levante la condena a la que consideran sometido ahora mismo el Estado de bienestar en Catalunya.
La tesis de Artur Mas es que todos los esfuerzos políticos que se hagan en favor de la recuperación económica o de cualquier otra causa por noble que sea resultarán inútiles si los ciudadanos no confían en las instituciones. A su juicio, los escándalos de corrupción que protagonizan la política en las últimas semanas están contribuyendo a la pérdida de esa confianza. Con esta filosofía y aún constatando que CiU también se encuentra en el ojo del huracán, afectada por los casos Palau, Pallerols y de las ITV, Mas ha preferido "coger el toro por los cuernos" y tomar iniciativas que le comprometen seriamente. Así, en plena tormenta, Mas compareció públicamente, se sometió a las preguntas de los periodistas y convocó una reunión sin precedentes de los tres poderes públicos que conforman el Estado en Catalunya para elaborar un plan de medidas contra la corrupción política.
Que la recuperación económica es la máxima prioridad del president lo ha puesto de manifiesto la intervención directa de Artur Mas en el reciente acuerdo de Nissan. Ahora el president está concentrado en la preparación de la reunión de máximo nivel con patronales, sindicatos y grupos políticos prevista para el 16 de marzo y que marcará la política económica y presupuestaria del nuevo Govern.
La idea de esta reunión partió del líder socialista, Pere Navarro, y el president Mas la ha asumido como propia. Su intención es que los agentes sociales y políticos acuerden una hoja de ruta anticrisis que incluya medidas concretas para la reactivación, la austeridad y, sobre todo, contra el paro y específicamente contra el paro juvenil. En este sentido, primarán las medidas para potenciar la formación profesional ocupacional y la simplificación normativa que facilite la contratación de trabajadores y la apertura de nuevos negocios, en lo que se interpreta como una segunda fase del proceso de desburocratización de la Generalitat iniciado la pasada legislatura con las leyes ómnibus. Obviamente, todas las decisiones que se adopten en la reunión del 16 de marzo se incorporarán al proyecto de presupuestos que prepara el conseller Andreu Mas-Colell y que está pendiente de un dato fundamental: si se flexibiliza o no el objetivo de déficit. Mas y Mas-Colell están moviendo Roma con Santiago realizando gestiones no sólo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino también con la Comisión Europea para lograr una relajación del objetivo de déficit que levante la condena a la que consideran sometido ahora mismo el Estado de bienestar en Catalunya.
La tesis de Artur Mas es que todos los esfuerzos políticos que se hagan en favor de la recuperación económica o de cualquier otra causa por noble que sea resultarán inútiles si los ciudadanos no confían en las instituciones. A su juicio, los escándalos de corrupción que protagonizan la política en las últimas semanas están contribuyendo a la pérdida de esa confianza. Con esta filosofía y aún constatando que CiU también se encuentra en el ojo del huracán, afectada por los casos Palau, Pallerols y de las ITV, Mas ha preferido "coger el toro por los cuernos" y tomar iniciativas que le comprometen seriamente. Así, en plena tormenta, Mas compareció públicamente, se sometió a las preguntas de los periodistas y convocó una reunión sin precedentes de los tres poderes públicos que conforman el Estado en Catalunya para elaborar un plan de medidas contra la corrupción política.
El Consell Català pel Dret a Decidir lo integrarán consellers, diputados y juristas
La verdad es que apenas se conocen todavía los resultados de esta primera reunión, porque las autoridades que participaron, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal jefe de Catalunya, prefirieron elaborar un documento de propuestas que será hecho público tras una segunda reunión el próximo 22 de febrero. La intención del president de la Generalitat es asumir el documento de los supervisores y defenderlo ante el Parlament para que se adopte como un plan catalán contra la corrupción, que contribuya a devolver la confianza en las instituciones. A nadie se le escapa que esta actitud de Mas de tomar la iniciativa en la lucha contra la corrupción tendrá una trascendencia política enorme porque le obligará a ser el primero en aplicar las conclusiones y a adoptar medidas ejemplares si, como pretende la fiscalía, dirigentes de su propio partido, son imputados por el juez.
Además de las recuperación económica y la lucha contra la corrupción, el gran asunto de la legislatura es, sin duda, el proceso que ha de conducir al ejercicio del derecho a decidir. En esta cuestión, Mas ha llegado a un acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para plantear las iniciativas con la intención de que generen el máximo consenso posible. Supone un cierto cambio respecto a la negociación previa a la declaración soberanista del Parlament, que no contó con el apoyo del PSC pese a que los socialistas siguen preconizando el derecho a decidir.
Así pues, con ese criterio, Mas evitará a partir de ahora el concepto transición nacional y lo sustituirá en favor del derecho a decidir, mucho más transversal. El cambio de registro se va a notar inmediatamente, puesto que afectará al nombre del Consell Català pel Dret a Decidir, el grupo de trabajo de inminente creación que gestionará las iniciativas, los preparativos y la campañas para llevar a cabo la consulta soberanista el 2014.
El Consell tendrá un plenario y un grupo operativo que ejecutará las decisiones que se adopten. La composición del organismo tendrá base parlamentaria para implicar a todos los grupos políticos que lo deseen y se incorporarán, además, representantes del Govern, de los municipios, de la sociedad civil y juristas especializados. Ningún componente tendrá asignada retribución alguna y el Consell ni siquiera será objeto de nombramiento oficial para evitar que el Gobierno español impugne su creación.
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