¿Son necesarias las oficinas de la Generalitat en el extranjero?
La ofensiva del Gobierno español contra las oficinas de la Generalitat de Catalunya en el extranjero –a las que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Maragallo, ha rebautizado como “embajaditas”- ha indignado a las principales patronales y asociaciones empresariales catalanas. El sector valora de manera muy positiva la actuación de las delegaciones respecto a la actividad comercial que llevan a cabo y teme que la ley de Acción y Servicios Exteriores que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy acabe perjudicando a las compañías catalanas.
“Tenemos un tejido empresarial formado especialmente por pequeñas y medianas empresas, y las oficinas de la Generalitat son un apoyo muy importante parar entrar en nuevos mercados”, explica el director de Internacional de la patronal PIMEC, Joaquim Ferrer, y prosigue: “No son un gasto, sino una inversión necesaria sobre todo en un momento en que las empresas necesitan ir a vender fuera lo que no pueden vender aquí”. Según Ferrer, las oficinas del Gobierno catalán son “un caso de éxito” porque se han ganado “un prestigio muy importante”.
La valoración de Foment del Treball Nacional de los Centros de Promoción de Negocios (CPN) de ACC1Ó también es positiva. “Foment ha participado en la permanente evaluación de los CPN, en la presentación de propuestas para mejorar su funcionamiento y su adecuación en los mercados en los que están presentes y en la evolución de las necesidades de las empresas catalanas con actividad en los mismos”, detalla el director del Departamento de Internacional de Foment del Treball, David Tornos. Y cuando el resultado de uno de los centros no es el esperado por las empresas, según David Garrufé, secretario general de Cecot, “el propio Consorcio de Promoción Comercial de Catalunya (COPCA) renueva el equipo, en cambio nunca he visto una embajada que cambie el personal funcionario si no trabaja bien”.
Consulados y embajadas españolas, cuestionados
No obstante, el ministro responsable de la materia, García-Maragallo, ha invitado a las autonomías a cerrar sus oficinas para evitar “duplicidades” y enviar al personal de estas a las embajadas y consulados españoles con el fin de reducir gastos. Pero el sentir de una amplia mayoría del empresariado catalán cuestiona la eficiencia de estos organismos de representación institucional española en cuanto a relaciones comerciales se refiere. En este sentido Garrufé no duda en expresar en tono irónico: “Históricamente las embajadas han hecho tan bien su papel que se han tenido que crear instrumentos paralelos, como las oficinas de promoción económica de la Generalitat”. Y pide una reforma de los cuerpos diplomáticos españoles adecuada a los nuevos tiempos y que potencie su estructura mercantil.
Aunque no todos están de acuerdo en que esta sea la solución. El presidente del Cercle Català de Negocis (CCN), Ramon Carner, asegura que “han detectado que muchas empresas catalanas son marginadas de las propuestas, servicios y ayudas que ofrecen las oficinas comerciales españolas”. Por eso Carner considera que los empresarios catalanes “estarían mejor servidos” con un estado propio catalán. Por todo ello concluye que las palabras de García-Maragallo están “completamente fuera de lugar” porque lo que debería cuestionarse, a su parecer, es “el servicio que prestan las embajadas y consulados españoles” al empresariado.
Según han explicado a La Vanguardia.com las patronales consultadas, las oficinas de la Generalitat en el Exterior ayudan al empresariado a encontrar canales de comercialización y distribuidores, conocer mejor los mercados en los que quieren introducirse mediante estudios específicos, ofrecen asesoramiento jurídico y prestan tareas de acompañamiento para aquellas empresas que quieren abrirse paso en nuevos mercados. El coste de estos servicios es cofinanciado por la administración y las empresas privadas.
La infraestructura de la Generalitat en el Exterior
Actualmente, el Gobierno catalán cuenta con una red de 65 oficinas distribuidas en 31 países: cinco delegaciones –Berlín, París, Londres, Bruselas y Nueva York-, cuyo coste ascendió a tres millones de euros el año pasado; dos oficinas de representación –Perpiñán y Alguer-, 34 centros de ACC1Ó, 11 de la Agencia Catalana de Turismo, cinco del Institut Català de les Empreses Culturals, cuatro del Institut Ramon Llull y cuatro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Además, hay que añadir la red de comunidades catalanas en el exterior, que consta de 128 casales.
En contraposición a los que creen que el gasto de estas oficinas es superfluo en época de vacas flacas, la mayoría de las patronales consultadas consideran que no solo deberían mantenerse y consolidarse las que ya existen, sino que ven necesario abrir nuevos centros en mercados emergentes. En concreto, el director de Internacional de PIMEC cita el Norte de África, Oriente Medio, el Sureste asiático, Centroamérica y Suramérica.
En tal sentido, en la elaboración del último Plan de Actuación Industrial y Empresarial del Govern de Catalunya 2012/2014 se acordó una mayor presencia en algunas de estas áreas.
Las cinco delegaciones de la Generalitat se abrieron en el año 2008 de acuerdo con el artículo 194 del Estatut de Catalunya y están inspiradas en modelos como el de Flandes o Quebec. Su función en líneas generales consiste en proyectar una buena imagen de Catalunya al exterior, establecer relaciones políticas, económicas y culturales, internacionalizar la economía catalana y ayudar a las empresas catalanas en su promoción y actuación en el extranjero. En la presente legislatura el Gobierno catalán añadió un tercer objetivo: explicar al mundo el proceso de “transición nacional” y el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro en España.
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