dimarts, 30 de juliol del 2013

Miquel Roca: "El TC no me merece ningún respeto desde la sentencia del Estatut"

El jurista y padre de la Constitución comparece en el Parlament para defender la constitucionalidad de ley de consultas

El abogado y padre de la Constitución de 1978, Miquel Roca, ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales para defender la constitucionalidad de la propuesta de ley de consultas populares que prepara el Ejecutivo de Artur Mas. En su intervención, el exdirigente de CiU ha salvado la cuestión competencial de la administración catalana para celebrar una consulta sobre la autodeterminación al explicar que cualquiera de las administraciones existentes deben tener competencias para consultar a los ciudadanos sobre cualquiera de los asuntos que les afectan a fin de mejorar su calidad de vida y habida cuenta de la función de servicio público de los respectivos gobiernos. Además, ha querido desacreditar la capacidad del Tribunal Constitucional y su credibilidad para intervenir en el caso de la consulta catalana por sus precedentes: "El TC no me merece ningún respeto desde la sentencia del Estatut", ha zanjado.

"El estatuto andaluz recoge artículos calcados que el TC anuló en el Estatut. ¿Cómo voy a respetar este tribunal?", ha justificado Roca, que incluso se ha mostrado convencido de que "el Tribunal Constitucional que revisó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) no se escandalizaría por la ley de consultas" y "diría que es constitucional".

"Estoy plenamente convencido de la constitucionalidad de la ley de consultas, pero también tengo la impresión de que el TC actual dirá todo lo contrario de lo que digo yo", aunque, ha advertido, "no me merece ningún respeto su opinión".
Según Miquel Roca, "desde la sentencia del Estatuto catalán no me puedo creer nada de lo que diga este tribunal, y todo es opinable desde luego, pero yo participé en la redacción de la Constitución española, por lo que me parece que sé de lo que hablo". Roca ha precisado que su intención no era menospreciar al TC, los miembros del cual, ha matizado, "me merecen todo el respeto personal, pero no así su posicionamiento colectivo".

El abogado ha defendido que el texto del proyecto de ley sobre consultas populares de Catalunya respeta el requisito de diferenciar el censo del que se utiliza en las elecciones y referendos, y "donde se pueden centrar las discrepancias es en el marco competencial" puesto que hoy en día "hay muchas administraciones que se interfieren". Así, ha querido dejar claro que si la norma es declarada inconstitucional lo será "por motivos políticos y no jurídicos".

Ha comentado que la cuestión de la consulta en Catalunya no es un debate constitucional sino político y que la potestad para celebrar una consulta no puede ser de una sola administración, sino que todas las que tienen capacidad legislativa y dan servicio a los ciudadanos deben contar con esa herramienta para atender a sus necesidades ya hacer al ciudadano partícipe de las decisiones.
Roca ha rechazado posicionarse desde el punto de vista político pero ha dado su visión 'sociojurídica'. En este sentido, ha destacado que el contexto de Catalunya ha cambiado en el último año y que los grandes principios del derecho son "voluntariamente imprecisos" y por tanto se mueven en la imprecisión porque así puede adaptarse a las circunstancias cambiantes del momento. Las lecturas diferentes son, por tanto, inevitables en cuanto a la Constitución.

Roca ha indicado que la Constitución es un marco de referencia que se creó con la voluntad de hacer lecturas diferentes y la capacidad de adaptarla a los nuevos tiempos. Así, ha incidido en la posibilidad de hacer lecturas "inteligentes" de la Carta Magna para hacer cambios de calado sin la necesidad de cambiar el texto constitucional. Incluso ha puesto como ejemplo la obligatoriedad de hacer el servicio militar, que se eliminó a pesar de lo que dice la Constitución y sin tener que reformarla. "Se hizo una lectura inteligente de la Constitución", ha opinado.

Sin embargo, Roca ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de rebajar la edad mínima para participar en la eventual consulta (16 años) y en otro aspecto del censo: la nacionalidad.


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